Control de Precios=Negocio Perverso

El crecimiento con control de precios erosiona la competitividad y fomenta la corrupción. Si el gobierno decide controlar el precio de un servicio público como el gas, la electricidad, el boleto de trenes, el boleto de subtes, el teléfono, o algún bien de ese tipo, exigiendo crecimiento en el sector, sus políticas pueden colocar a las empresas proveedoras en condiciones de inconsistencia económica situación que puede conducir a ineficiencias y corrupción.

El modelo económico elemental detrás de este proceso dice que un aumento en la producción de un bien se justifica en la medida que su ingreso supere el aumento en los gastos. Si esto no sucede, un aumento en los gastos por inflación salarial, por ejemplo, conduce generalmente a revisar la producción hacia la baja. Es por esto que el crecimiento exigido se vuelve inconsistente con el control de precios del bien. Luego, aquellas empresas que disponen de capacidad instalada, podrán expandir la producción del bien siempre que reciban el correspondiente subsidio por parte del gobierno. Tal subsidio permite aumentar el empleo y la producción bajo un contexto de inflación salarial, siendo el salario un precio controlado por negociación.

Expandir la producción puede ser una decisión estratégica del gobierno. Por lo que un subsidio estaría en principio bien fundamentado. Esto queda fuera de discusión aquí. El problema principal surge cuando los empresarios se dan cuenta que si el gobierno financia, vía subsidio, todo el proceso expansivo entonces ellos podrán apropiarse de todo el diferencial de ingresos provenientes del aumento en la producción del bien a pesar de que su precio se mantiene fijo.

El excedente de ingresos capturado por el dueño es una ganancia neta para la empresa. Esta ganancia se transforma en un perverso objetivo para buscadores de renta, quienes generan un excedente de capacidad instalada, negocian con las autoridades gubernamentales un subsidio para contratar nuevos trabajadores, se comprometen a mantener invariable el precio del bien y se quedan con el botín del ingreso incremental. Un negocio redondo, libre de todo riesgo, que es subsidiado involuntariamente por contribuyentes cotidianos. Así es como la inconsistencia lleva a ineficiencia y corrupción cuyo financiamiento cae sobre las espaldas de trabajadores, otros empresarios, jubilados, desempleados, y enfermos, que nada tienen que ver con este flagelo del control de precios.

Usando teoría económica se puede probar que, con apropiación de ingresos excedentes, la inflación salarial se hace equivalente a la proporción de trabajadores subsidiados por el gobierno. O sea la proporción de trabajadores subsidiados del sector, es una aproximación de la inflación salarial en el sector. O dicho de otra forma, la inflación salarial en el sector es una medida de ineficiencia y corrupción combinadas.

La misma inconsistencia aparece, trivialmente, si no hay excedente de capacidad instalada, pues en tal caso no habrá aumentos en la producción pero el gobierno deberá subsidiar la recuperación de la producción que cae por un aumento en el salario. Bajo este contexto, una expansión en la producción solo es posible aumentando la capacidad. Pero bajo perspectivas de control del precio P del bien final, no quedan fundamentos económicos para tomar el riesgo de una inversión. Este riesgo queda en manos exclusivas del gobierno. O sea si el gobierno pretende una expansión en la capacidad, es altamente probable que deba subsidiarla por completo y, además, deba recurrir a mecanismos ilícitos de coimas cruzadas con lo cual estaría operando fuera de la ley, cosa que no se aborda en esta nota.

Es así que la combinación “inconsistencia—ineficiencia—corrupción” hace del control de precios un negocio perverso.