Hecha la Ley, Hecha la Trampa

El gobierno nacional de Argentina, bajo estrictas directrices de su presidente CFK, ha ordenado al parlamento tratar y aprobar un proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que viene a reemplazar la por hoy vigente ley de radiodifusión 22285. Si bien este proyecto se ofrece como una moderna respuesta al avance tecnológico, para fomentar la libertad de expresión y combatir los monopolios de medios, la vertebración de su articulado revela una intención hegemónica de un proyecto totalitario de poder. La consigna oculta parece ser que: el poder aún perdido debe preservarse cueste lo que cueste.

Ninguna acción, aunque bien intencionada, que pretenda emprender este gobierno será convincente a los sentidos de los ciudadanos argentinos. Es que los mismos gobernantes se han creado una fama de mentirosos, tramposos y estafadores. Los argentinos, con justificados motivos, examinan con detalle bajo la lente del escrutinio público cualquier propuesta del gobierno juzgando como dañinas acciones que a priori deberían entenderse como beneficiosas. Precede el principio de culpabilidad. Los ciudadanos han dejado de confiar en el gobierno. Han dejado de sentirlo como fuente de inspiración que infunde seguridad y bienestar. El gobierno se ha transformado en una amenaza para el bienestar individual y colectivo.

¿Cuál es la mano invisible que opera debajo de este polémico proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual?. Los intereses son variados y entrecruzados. El actual proyecto, de convertirse en ley, entrará en conflicto con derechos de propiedad adquiridos y garantizados por la Constitución Nacional, por lo que mas temprano que tarde alguien ganará un litigio al estado disparando una catarata de reclamos judiciales que costarán billones de dólares a todos los ciudadanos argentinos quienes deberán cargar con los costos de una irresponsable medida adoptada solo por la miserable ambición de poder de un régimen totalitario.

De aprobarse el proyecto, quienes deban declinar temporalmente sus derechos se verán beneficiados al recibir los pagos millonarios de los juicios por el solo hecho de haberse sentado a esperar la oportunidad en la cual un Juez reafirme sus derechos que fueron efectivamente arrebatados. Y, paradójicamente, los ciudadanos quienes creían haber avanzado un paso hacia la libertad de expresión de repente se verán obligados a pagar con sus ingresos los daños, accesorias y costas de los juicios además de estar invadidos por medios ineficientes, deficitarios, e improductivos puestos al servicio de esa hegemonía totalitaria.

¿Quienes ganan con el proyecto?. Ganan aquellos que buscan perpetuarse en el poder. Además ganan aquellos que tienen derechos de propiedad adquiridos y resguardados por la constitución nacional pues ellos recibirán últimamente una paga sin haber incurrido en gasto alguno ni haber arriesgado en la actividad. ¿Quienes pierden con el proyecto?. Pierden los pagadores de impuestos. El proyecto se financia con el pan de los pobres. Pobres encantados por el velo de un gobierno que se hace llamar benevolente y los termina estafando. Ciudadanos comunes y corrientes resignan recursos para financiar una escandalosa ineficiencia asociada a la desquiciada ambición de poder. En esta oportunidad queda muy claro quienes ganan y quienes pierden. Queda muy claro que los culpables resultan premiados con el beneficio de los inocentes y los inocentes cargan con la pena de la culpa. Queda bastante claro que “hecha la ley, hecha la trampa”.